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El déficit de la Caja no lo creó Frigerio, pero tampoco lo está pagando él. Lo están pagando los maestros, los policías y los empleados públicos que van a trabajar más años para jubilarse con menos.
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Marco para la planificación territorial de la industria entrerriana.
Agenda provincial para la transición energética: solar, eólica y biogás.
Vinculación entre empresas ancla y PyMEs proveedoras locales.
Visión estratégica para los puertos fluviales entrerrianos.
Propuestas para modernizar el marco normativo provincial.
Integración tecnológica en avicultura, forestoindustria y metalmecánica.
La reforma previsional domina la agenda legislativa entrerriana. Foto: archivo.
Hay una verdad incómoda en el centro del debate previsional entrerriano: el déficit de la Caja de Jubilaciones no lo creó Frigerio, pero tampoco lo está pagando él. Lo están pagando los maestros, los policías y los empleados públicos que van a trabajar más años para jubilarse con menos.
El proyecto se llama "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional" y modifica la Ley 8.732. Su punto más discutido: la edad jubilatoria de 68 años. El gobierno aclara que rige solo para quienes ingresen al Estado provincial después de aprobada la ley — los agentes actuales se jubilan con un máximo de 65. Es cierto, pero también es la letra chica de una reforma que cambia las reglas para toda una generación que todavía no firmó su primer contrato.
El déficit es real e innegable. En el primer trimestre de 2026 la Caja recaudó $196.266 millones en aportes y contribuciones, y pagó $331.867 millones en jubilaciones y pensiones: un rojo operativo de $135.601 millones en solo tres meses que salió del tesoro provincial. Más de 45.000 millones de pesos por mes. Nadie en serio puede negar que algo tiene que cambiar.
Los gremios, sin embargo, señalan otra letra chica: aseguran que el cálculo del haber inicial baja del 30% al 20% y que se duplica el tiempo de cómputo, y cuestionan que el 82% móvil quede garantizado en los hechos. El oficialismo responde que el proyecto "contempla los derechos adquiridos". La distancia entre ambas lecturas es exactamente el tamaño del conflicto.
Pero la pregunta que el gobierno no responde con claridad es: ¿por qué el ajuste lo absorbe el empleado público y no lo comparte el Estado que durante décadas no financió el sistema? El Presupuesto Nacional 2026 recortó los giros a las provincias con caja propia — la partida prevista apenas alcanzaría para cubrir un 4% de lo que ANSES debería transferir. Frigerio negocia con Nación, pero los tiempos legislativos corren más rápido que esas negociaciones.
Lo más revelador vino de los propios jueces. La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos ya advirtió formalmente al gobernador que la fórmula de movilidad propuesta podría dar lugar a numerosos procesos judiciales contra la Caja de Jubilaciones y el Estado Provincial. El gobierno fue advertido por quienes tendrán que resolver los litigios. Siguió igual.
ATE ratificó su rechazo total y anunció movilizaciones en distintas ciudades entrerrianas. El PJ convocó a Congreso Partidario para el 13 de junio con la reforma como uno de los ejes centrales del debate.
La pregunta que nadie formula en voz alta: si Frigerio tiene los votos para aprobar la reforma, ¿para qué negocia? La respuesta es electoral. 2027 se acerca y gobernar una provincia con los gremios en la calle tiene un costo que las urnas cobran con puntualidad.
Fuentes: Infobae · Análisis Digital · APF Digital
Las rutas entrerrianas necesitan inversión real, no solo anuncios. Foto: archivo.
El gobernador Rogelio Frigerio tiene una debilidad conocida: le gustan los anuncios grandes. Esta semana no fue la excepción.
Ante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, Frigerio presentó una inversión superior a los 12.000 millones de pesos en maquinaria para Vialidad y la obtención de financiamiento internacional por 322,5 millones de dólares para obras de reconstrucción y mejoramiento de rutas. Lo calificó como el plan vial más importante de las últimas décadas. Él mismo.
Los números son reales. El paquete se compone de un crédito de 280 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), complementado con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Los fondos irán a corredores estratégicos para la producción: las rutas provinciales 1, 2 y 6, el segundo tramo de la RP 20, la RP 46 y la circunvalación de Nogoyá. El plan contempla además más de 70 unidades de equipamiento vial moderno. Nadie discute que las rutas entrerrianas lo necesitan.
Lo que sí se puede discutir es el timing. El anuncio llega en la misma semana en que la reforma previsional genera conflicto con los gremios y el malestar social crece. Una inversión en rutas es difícil de atacar — beneficia al productor, al transportista, al vecino del interior. Es el anuncio perfecto para una semana difícil.
La pregunta que el periodismo tiene la obligación de hacer es simple: ¿cuándo arranca la obra? Porque Frigerio reconoció que al asumir encontró obras paralizadas por deudas superiores a los 30.000 millones de pesos. La diferencia entre un gobierno y una campaña es la ejecución, no el anuncio.
Entre Ríos tiene rutas que hace décadas esperan asfalto. Si este plan se ejecuta, será un hito real. Si queda en el PowerPoint, será uno más en una larga historia provincial de promesas viales sin pavimento.
Fuentes: La Política Online · Mirador Provincial · Letra P
La Cámara alta inicia el tratamiento formal del proyecto. Foto: archivo.
El Senado provincial abrió esta semana el análisis formal del proyecto de reforma previsional que impulsa el gobernador Rogelio Frigerio. Las comisiones de Presupuesto y de Asuntos Constitucionales acordaron el cronograma de trabajo: durante junio desfilarán más de 20 sectores — el presidente de la Caja de Jubilaciones, especialistas en derecho previsional, los gremios AGMER y ATE, exfuncionarios y representantes del Partido Justicialista.
El proyecto eleva la edad jubilatoria a 68 años para los nuevos ingresantes al Estado provincial y modifica la fórmula de cálculo de los haberes. El objetivo declarado es reducir el déficit estructural del sistema, que en el primer trimestre de 2026 acumuló un rojo operativo de $135.601 millones. Desde el oficialismo, el senador Vergara defendió la convocatoria amplia: "El proyecto contempla los derechos adquiridos".
El problema es que la oposición peronista, aunque no niega el déficit, rechaza que el ajuste lo paguen los trabajadores. Y en esa posición encuentra eco en los gremios, que ya anunciaron paro, cortes y acampe frente a Casa de Gobierno.
Lo que viene en los próximos días va a definir el tono político del segundo semestre. Si el oficialismo apura el tratamiento, arriesga una crisis social mayor. Si lo demora, la incertidumbre se instala y el mercado político empieza a leer debilidad.
Entre Ríos entra en una de esas semanas en que las decisiones se pagan rápido o se cobran caro más adelante.
Fuentes: Senado de Entre Ríos · APF Digital · Plaza Web
Los gremios estatales llevan el conflicto a la calle. Foto: archivo.
El Consejo Directivo Provincial de ATE Entre Ríos le plantó bandera al gobierno de Rogelio Frigerio. El gremio ratificó su rechazo total al proyecto de reforma previsional, y la Multisectorial definió un plan de lucha concreto: paro, cortes intermitentes en el Túnel Subfluvial en Paraná y sobre la Ruta 14 en Gualeguaychú y Concordia, acampe frente a Casa de Gobierno y la entrega de más de 25.000 firmas ante la Legislatura.
"Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo, primero para que no sea ley, porque es un proyecto en contra de los trabajadores y trabajadoras", afirmó el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, al reclamar unidad a los demás gremios estatales.
El argumento técnico del rechazo: los gremios sostienen que es falso que se respetará el 82% móvil, que el cálculo del haber inicial se reduce del 30% al 20% y que se duplica el tiempo de cómputo. Lo que marca un punto de inflexión es que ATE pase de la declaración al paro efectivo. El gobierno ya no puede presentar la reforma como un debate técnico — es un conflicto social con fecha y geografía en el calendario.
La demanda adicional de los gremios es la reapertura de la paritaria estatal, que quedó rezagada frente a la inflación del primer semestre. El gobierno tiene ahora dos frentes abiertos en el mismo sector: la reforma y los salarios.
La pregunta es si Frigerio va a gestionar los dos conflictos por separado o si va a intentar desactivar uno para focalizarse en el otro. La historia de las negociaciones gremiales en Argentina sugiere que mezclarlos no termina bien para ninguna de las partes.
Fuentes: El Diario (Paraná) · ATE Entre Ríos · Análisis Digital
El déficit previsional es el problema más viejo de la política provincial. Foto: archivo.
Hay problemas que los gobiernos heredan, otros que los gobiernos generan y algunos que los gobiernos simplemente no quieren tocar porque el costo político de la solución es mayor que el costo de seguir postergando.
El déficit previsional entrerriano pertenece a la tercera categoría. Lleva más de veinte años creciendo, atravesó gobiernos de distintos signos políticos y siempre encontró la misma respuesta: estudios técnicos, diagnósticos compartidos y ninguna acción concreta.
Frigerio decidió romper ese ciclo. Se puede discutir si lo está haciendo bien. Lo que no se puede discutir es que está haciendo lo que ningún gobierno anterior se animó a hacer: enviar una reforma al Parlamento y bancarse el costo político de defenderla.
El problema es que el método importa tanto como la decisión. Una reforma previsional que se aprueba con los votos propios, sin consenso social y con los gremios en la calle, genera una herida política que tarda años en cicatrizar. Y las elecciones de 2027 están a la vuelta de la esquina.
La pregunta que Frigerio debería hacerse no es si tiene los votos para aprobar la reforma. Eso ya lo sabe. La pregunta es si tiene la legitimidad para implementarla.
El Congreso Provincial del PJ se reúne este sábado en Paraná. Foto: archivo.
Este sábado 13 de junio, el Congreso Provincial del Partido Justicialista se reúne en Paraná con una agenda que dice mucho más por lo que incluye que por lo que resuelve: expulsiones, PASO y reforma previsional. Tres temas que comparten una misma raíz — un partido que todavía no procesó su derrota.
El punto más espinoso es la posible expulsión de los dirigentes que jugaron con otras listas en las elecciones legislativas de 2025. La disciplina partidaria es un valor, pero aplicada dos años antes de la próxima elección general parece menos una sanción que un mensaje interno: la conducción de Guillermo Michel quiere ordenar el partido a su manera, bajo la consigna del "peronismo federal a la entrerriana".
El segundo eje es institucional: el rechazo a la eliminación de las PASO que impulsa el oficialismo provincial. El PJ advierte además sobre artículos de la ley electoral que podrían generar confusión en el electorado. Es una posición defendible — aunque no se le escapa a nadie que las primarias son también la herramienta que el peronismo necesita para dirimir su propia interna sin romperse.
El tercer eje es el que más rédito político ofrece: la reforma previsional. El partido expresó su preocupación por el avance de una reforma "en el actual contexto económico y social", especialmente si implica reducción de beneficios o pérdida de derechos adquiridos. Con los gremios en la calle y el Senado abriendo audiencias, el PJ encontró el tema que le permite volver a hablar de los trabajadores en lugar de hablar de sí mismo.
La pregunta de fondo que el Congreso del sábado no va a responder: ¿alcanza con oponerse a Frigerio para volver a ser competitivo en 2027? La experiencia reciente sugiere que no. Los partidos no vuelven al poder por las heridas del adversario sino por las propias que logran cerrar.
Fuentes: APF Digital · Letra P · Diario Junio
Matías Martínez, economista (INTA Paraná). Foto: gentileza.
La provincia viene de una cosecha de trigo récord, pero los números de la campaña que se viene cuentan otra historia. No es un problema de clima ni de hectáreas: es un problema de márgenes.
Entre Ríos cerró la campaña 2025/26 con un dato que merece celebrarse: una cosecha de trigo récord, con rindes que estuvieron entre los más altos de la historia provincial y alrededor de un millón de toneladas más que el ciclo anterior. A eso se sumó una soja que llegó a la cosecha con precios cerca de un 12% por encima de la campaña previa, lo que mejoró la rentabilidad del cultivo. Fue, en términos productivos, un buen año.
El problema es que los buenos años agrícolas no se repiten por inercia. Y los primeros números de la campaña 2026/27 obligan a bajar las expectativas.
Las estimaciones tempranas proyectan una caída cercana al 18% en la superficie sembrada con trigo en la provincia —unas 130.000 hectáreas menos— que llevaría el área implantada a alrededor de 600.000 hectáreas. La paradoja es que esa retracción no se explica por falta de agua: la disponibilidad hídrica es buena. Se explica por la ecuación económica.
El costo que más pesa en esa ecuación tiene nombre propio: la urea. El fertilizante nitrogenado se volvió el factor que está frenando la planificación de muchos productores y empujándolos hacia planteos defensivos —menos fertilización, cultivos alternativos o directamente soja de primera—. Cuando el precio del grano no logra seguirle el ritmo a la suba de los insumos, el margen se comprime, y en los planteos sobre campo arrendado ese margen hoy aparece directamente en negativo.
Acá conviene una aclaración técnica que a veces se pierde en el debate público: el productor entrerriano no decide qué sembrar mirando el rinde potencial, sino el resultado esperado por hectárea después de descontar insumos, arrendamiento, labores y flete. Un cultivo puede prometer una cosecha excelente y aun así no sembrarse, simplemente porque los números no cierran. Es lo que está pasando con el trigo de la próxima campaña.
El componente logístico merece un párrafo aparte, porque es donde la infraestructura se cruza con la economía de la producción. Entre Ríos carga con un costo de flete estructuralmente alto por su distancia y conectividad hacia los puertos, y cada peso de flete que se ahorra es un peso que vuelve al margen del productor. En ese sentido, la inversión vial anunciada para corredores productivos es una buena noticia de fondo —si se ejecuta y si llega a los caminos que efectivamente sacan la producción—. Pero conviene ser claros: mejores rutas ayudan al margen, no lo resuelven. El cuello de botella de esta campaña está en el costo de los insumos, no en el estado del camino.
¿Qué se puede hacer? En el corto plazo, poco a nivel del productor individual más allá de ajustar planteos y cuidar el capital de trabajo. En el mediano plazo, la discusión que la provincia debería dar es cómo sostener la competitividad de su agro cuando los márgenes se achican: información de costos accesible y actualizada, asesoramiento técnico para optimizar la fertilización, y una mirada seria sobre los costos logísticos. Nada de eso es espectacular ni da para un anuncio, pero es lo que separa una buena campaña de un buen sistema productivo.
Entre Ríos tiene el suelo, el agua y el conocimiento para producir. Lo que esta campaña pone sobre la mesa es que producir y que dé resultado no son lo mismo. Y esa diferencia, este año, la van a sentir muchos productores entrerrianos.
Matías Martínez es economista y se desempeña en el INTA Paraná. Las opiniones expresadas en esta columna son a título personal y no representan la posición institucional del organismo.
Fuentes: Bolsa de Cereales de Entre Ríos · Mundo Rural · Noticias AgroPecuarias
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